Las organizaciones que trabajan con enfermos mentales (esquizofrenia, por ejemplo) y discapacitados intelectuales (síndrome de Down y otros) calculan que alrededor de un 20% de ellos se está quedando sin cobertura en la Ley de Dependencia, algo que también acreditan los trabajadores sociales que valoran a los dependientes en sus casas, aunque no se atreven a poner una cifra concreta.
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